LA CORRUPCIÓN SE CONVIERTE EN LA PREOCUPACIÓN CENTRAL DE COLOMBIA
Marcela Restrepo, directora de Gestión de Conocimiento de la
organización Transparencia
por Colombia, apunta a un cambio institucional, por el momento solo
en lo formal, para entender el aumento en la percepción de este delito. “El
presidente Juan Manuel Santos fue el primer mandatario colombiano que reconoció
ante un micrófono que este era un problema esencial. Un factor que se había
negado permanentemente”, considera. A esta declaración le siguió un paquete de
medidas que respondían a las directrices de organizaciones internacionales como
el Banco Mundial y la OCDE en esta materia.
El Estatuto
Anticorrupción, aprobado por el Gobierno Santos, se reforzó en 2011
con una Secretaría de
Transparencia que lleva seis años cambiando la cultura de las
administraciones públicas colombianas a partir de la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información. “Todas las entidades
deben transparentar sus procesos y darle a la comunidad toda la información
posible”, dice Gabriel Cifuentes, secretario de esta entidad. Lo que se traduce
en que por primera vez en la historia de Colombia las webs incluyen la
estructura de la institución, quién la compone, información de contacto, la
normativa vigente, además de un canal de comunicación con la ciudadanía.
Estas mismas organizaciones deben tener planes anticorrupción para
determinar posibles riesgos y así establecer controles efectivos para
mitigarlos. “Por el momento estamos en el proceso de implementación, los
primeros resultados los tendremos a partir de enero”, asegura el secretario,
que justifica que en seis años no hayan tenido conclusiones por la estructura
administrativa de Colombia con más de mil municipios.
En este camino de cambio institucional y cultural de la burocracia, hace
dos años se adoptó la decisión, “sin que sea una obligación legal”, apunta
Cifuentes, de que todo el Gobierno, incluido el presidente, publicaran sus
declaraciones de la renta. Una medida de fuerte impacto ante la opinión pública
que, en ocasiones, ha ocultado otras reformas de mayor calado en la eficiencia
de una de las burocracias más grandes de América Latina, según datos de
Transparencia por Colombia.
Toda la contratación que realiza el Estado es de acceso público para
cualquier ciudadano. “Colombia Compra Eficiente empezó a operar en abril
de 2012”, explica Paca Zulueta, una de las responsables de este proyecto
durante el primer Gobierno de Santos. “Lo construimos un grupo joven y
comprometido, consciente de la necesidad de mostrar que la compra pública es
fundamental en la implementación de las políticas públicas y en la entrega de
bienes, obras y servicios a la población”.
Antes
de que esta plataforma se creara, la información sobre este tipo de
transacciones era “escasa, de poca calidad y estaba a disposición del público
en general meses después de la fecha real de las operaciones”, apunta Zulueta,
ahora dedicada a la enseñanza en la Escuela de Gobierno de la Universidad de
los Andes en Bogotá. “Recibimos tutelas, demandas, cartas, acusaciones. Siempre
nos decían que estábamos locos, que no se podía. Que estas cosas no eran para
Colombia”, recuerda. “Hoy el proceso de contratación que antes tomaba entre
tres y seis meses, se hace entre una hora y 20 días”. Entre 2011 y 2016 creció
la información sobre el número de contratos en un 460%. En la actualidad, en
la Tienda Virtual
del Estado proveedores de todo el país ofrecen desde
tecnología, tratamientos médicos, bienes y servicios para la educación hasta
papelería y combustible.
- Los escándalos que no dejan ver las reformas
La lenta transformación de la cultura democrática en Colombia no ha sido
suficiente para convencer al ciudadano. Se han recuperado los niveles de
preocupación de épocas de las alianzas
entre el narcotráfico y la política con la elección del presidente Ernesto
Samper a principios de los noventa; y la parapolítica a
comienzos de los 2000 durante los mandatos de Álvaro Uribe.
El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht ha entrado
directamente en la Casa de Nariño, residencia de Santos. Ya no se trata solo de
una red de sobornos que afecta a políticos de segundo nivel y empresas privadas
que construían carreteras y alcantarillado. La sospecha de que el dinero sucio
llegó a las campañas
electorales de 2010 y 2014 de Santos sobrevuela el final de un
Ejecutivo que abandera la lucha anticorrupción.
La Justicia tendrá que
determinar si una de las frases más repetidas por el presidente se reafirmará o
condenará: “En este Gobierno no ha habido un solo señalamiento, a ninguno de
mis ministros, a ninguno de mis funcionarios”.
Los mismos que juzgan los casos de corrupción están en entredicho. La
Justicia colombiana vive una grave etapa de desprestigio después de que se
desvelara una trama de
tráfico de influencias en la Corte Suprema. Su anterior presidente,
el magistrado Francisco Ricaurte, lleva varias semanas en la cárcel La Picota,
en Bogotá, señalado de formar parte de una red en la que políticos pagaban millonarias
sumas para que los procesos del Alto Tribunal los favorecieran. En la misma
prisión se encuentra el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno con petición de
extradición de Estados Unidos.
Más de 150 políticos colombianos pertenecientes a todos los partidos
están vinculados a casos de corrupción en la actualidad, según un reciente
informe publicado por la Fiscalía General de la Nación. “A partir de la lucha
que hemos emprendido contra la corrupción se ha evidenciado que es sistémica en
Colombia. Se ha extendido por todos los territorios; no hay sector ajeno a ella
y no hay ni un solo partido o movimiento político que pueda señalar a los demás
sin ver la paja en el ojo propio”, dice el fiscal Néstor Humberto Martínez,
en una entrevista
en el diario El Tiempo.
TRANSPARENCIA
POR COLOMBIA
“La crisis de la justicia es desastrosa”, reconoce Gabriel Cifuentes.
Para tratar de paliar el impacto que está teniendo sobre la confianza
ciudadana, el secretario de Transparencia plantea una serie de cuestiones a los
colombianos. Es el mismo mensaje que se lanza desde la presidencia: apelar a la
confianza en las instituciones. “¿Cuándo en la historia de este país se ha
llevado a la cárcel a un expresidente de la Corte Suprema? ¿Cuándo la
ciudadanía se había apropiado de tal manera del control social que estamos en
un proceso de depuración y concertación nacional?”.
Enfrente tienen al 59% de los colombianos que considera que las acciones
del Gobierno en la lucha contra la corrupción no son las más acertadas, según
el informe de Transparencia Internacional. Este mismo estudio asegura que el
74% de los encuestados en Colombia considera que la ciudadanía puede hacer una
diferencia en esta batalla. “Existe una conciencia colectiva que quiere
recuperar la dignidad en un contexto complicado: es difícil denunciar por
problemas administrativos, no hay una ley de protección al denunciante y
pervive el miedo por las amenazas”, explica Marcela Restrepo.
TRANSPARENCIA
POR COLOMBIA
Comentarios
Publicar un comentario